El día 8 de noviembre, el Ministro de Seguridad afirmó que los hermanos Guerrero habían sido víctimas de homicidio al tener relación con estructuras criminales, lo cual generó una estigmatización y revictimización a los hermanos desaparecidos y a la madre de ambos.
Ante las declaraciones dadas por miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador se convocó a una rueda de prensa el día 9 de noviembre, donde Ivette Toledo se hizo presente junto a sus representantes legales de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y demás organizaciones de la sociedad civil como Alerta Raquel y Servicio Social Pasionista.
“Lamento que las autoridades del Estado tengan un discurso que revictimice y estigmatice a mis hijos desaparecidos, por el simple hecho de ser jóvenes. Queremos aclarar que mi hija e hijo no tenían vínculos con pandillas, ni con ninguna estructura del crimen organizado. Ni realizaban prácticas ilegales de ningún tipo” dijo Ivette Toledo a los medios de comunicación.
Ivette mencionó que no solo fue una falta de respeto a ella como madre, a su familia y a todas las victimas de desaparición, también fue una calumnia de las autoridades, a quienes responsabilizó de antemano por cualquier represalia de la cual ella o miembros de su familia pudiesen ser objeto.
“Son completamente falsas las declaraciones de miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno en las que afirman que yo como madre esperé 48 horas para interponer la denuncia. Creemos como familia que esta afirmación no sólo es penosa al carecer de veracidad, teniendo las autoridades facilidad para comprobar este dato, sino que intentan culpabilizar a las madres, padres y demás familias salvadoreñas de los problemas graves de seguridad que tiene el país, que son competencia del Estado” dijo Ivette Toledo.
La madre de los jóvenes se presentó ante la Policía Nacional Civil cuando sus hijos llevaban 6 horas desaparecidos, pero fue la misma PNC la que le manifestó que debía dejar pasar un lapso de 72 horas para poder denunciar y por ello no pudo dar su declaración hasta el domingo 19 de septiembre a las 8:00 am cuando otros policías de turno le tomaron la denuncia, de la cual la familia obtuvo una copia.
“Hasta este día desconozco el paradero de mis hijos Eduardo y Karen, pues siguen desaparecidos. No hemos tenido acceso a la información como víctimas, ni hemos tenido atención eficiente o diligente de las autoridades, además el proceso se ha visto complicado por el cambio de investigadores policiales y fiscales, lo que consideramos ha retrasado la investigación. Por esa razón hemos acudido con las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan el tema de personas desaparecidas, brindan acompañamiento, asesoría jurídica, representación legal para estos casos y que dan atención psicosocial a las familias que estamos pasando por esta dramática situación” dijo Ivette Toledo.
Los representantes legales de ASDEHU, Pedro Cruz e Idalia Zepeda se hicieron parte del proceso de investigación fiscal el día 8 de noviembre para asegurarle a la familia que puedan tener información y conocer los hechos concretos que se vayan presentando.
“Queremos que el caso se trabaje lejos de agendas políticas o mediáticas de las instituciones de Gobierno que quieren responsabilizar a las víctimas para evadir sus competencias legales y sus obligaciones de prevenir y sancionar la violencia y el crimen” dijo Pedro Cruz, representante legal de Ivette Toledo.
Ivette Toledo y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil agradecieron las muestras de solidaridad a la familia Guerrero Toledo a través de las redes sociales, a los medios de comunicación por dar cobertura y a las organizaciones de mujeres y jóvenes que han acompañado a la familia en la búsqueda de Eduardo y Karen.
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