El 21 de octubre de 2021, organizaciones de la sociedad civil y colectivos participaron en la audiencia “Desaparición de personas en El Salvador”, dicho foro se solicitó con el objetivo de presentar la información actualizada sobre el incremento significativo de desaparecidos en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invitó a la presidenta Carmen Rosa Villa, del Comité Contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas, quien recibió datos alarmantes sobre personas desaparecidas, donde los principales responsables fueron las pandillas y en los últimos años los agentes estatales, además dio a conocer las problemáticas que enfrentan las familias que buscan a sus familiares, ya que afrontan la estigmatización, criminalización de las mismas víctimas e indiferencia por parte de instituciones del Estado.
Hasta el mes de junio de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó un total de 610 personas desaparecidas, de las cuales aproximadamente 7 fueron hombres y 3 mujeres, el 3% fueron asesinadas, el 50% estaban con vida y el 47% aún continúa en investigación, esto dejó en evidencia que los mecanismos como Programa Ángel Desaparecido y la Unidad de Personas Desaparecidas no tiene el alcance suficiente en comparación a los datos que se reportan en las estadísticas.
Tratándose de mujeres, generalmente los responsables de sus feminicidios o desapariciones han sido sus parejas o exparejas, estos sucesos son retomados como símbolos de lucha como en el caso de Raquel Salazar Aquino, a quien su familia busca desde el año 2019, esto se suma a la falta de investigaciones en la desaparición de mujeres trans como Jade Camila Díaz y Jeilyn Becquers.
Asimismo, se denunció la ineficiencia que caracteriza al combate de la criminalidad, ya que muchas desapariciones suelen negarse con la justificación de que las víctimas viven en territorios controlados por pandillas, asumiendo que todos los casos se deben a estos, generando que no se investiguen de manera adecuada y sean archivados. Por su parte, la delegación estatal informó a la CIDH sobre acciones gubernamentales como la aplicación del Protocolo de Acción Urgente (PAU), reformas penales y procesos de fortalecimiento de receptores de denuncia; sin embargo, no existen planes o estrategias que atiendan de manera adecuada a las personas desaparecidas.
Por parte de la representación gubernamental fue relevante la decisión de crear mecanismos interinstitucionales para atender esta problemática y la apertura de un espacio de diálogo con las víctimas, familiares y las organizaciones de derechos humanos, las cuales accedieron a dicha propuesta.
Por su parte, la CIDH como la representante del Comité de Naciones Unidas, instaron al Estado avanzar con la ratificación de las convenciones internacionales sobre desaparición forzada.
Peticiones de las organizaciones de derechos humanos
Finalmente, las organizaciones y colectivos pidieron a la CIDH que solicite al Estado salvadoreño, que:
- Elabore un registro único nacional de personas desaparecidas, de acceso público y desde un enfoque diferencial, que integre información de las distintas instituciones estatales y de organizaciones no gubernamentales que trabajan con familiares y víctimas de desaparición.
- Asimismo, se cree un banco genético donde se tome en cuenta las condiciones particulares de cada una de las poblaciones.
- Fortalezca la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas en la Fiscalía, tanto en recursos humanos y financieros, como en capacidades especializadas para llevar a cabo las búsquedas según los estándares internacionales y nacionales en la materia.
- Para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas se considere indispensable que la Fiscalía cuente con la coordinación de los tres Órganos del Estado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que adopten estrategias o políticas encaminadas a la prevención, atención, erradicación, investigación y sanción de las personas responsables en estos casos.
- Cree un protocolo de atención a personas que buscan a víctimas desaparecidas; desde un enfoque integral.
- Someta a discusión en la Asamblea Legislativa una Ley de Búsqueda de Personas desaparecidas, conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en donde se establezcan lineamientos claros para la atención tanto de las personas víctimas de desaparición, así como para sus familiares, Además, que cree Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas en la actualidad.
- Reconozca este fenómeno en toda su dimensión y que se abstenga de estigmatizar, criminalizar a las personas que buscan a sus desaparecidos y a las organizaciones que los acompañan.
- Cumplir con las recomendaciones en la materia, hechas por esta Comisión al finalizar su visita in loco en diciembre de 2019.
- Ratifique las convenciones internacionales vinculadas con la desaparición forzada.
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