Belén buscó a Graciela al otro lado del pueblo, cruzando la carretera Panamericana. Así arriesgó también su propia vida. Ella es del cantón Rosales de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, pero ahora, desde que su hija desapareció, ya no sale. Su vida transcurre entre lavadas de ropa y trabajo en la tierra, como agricultora, con la milpa y frijol. No visita otros cantones. Es muy peligroso, dice.
En el relato de Belén se percibe, desde el principio, el miedo. “Si yo (sic) por milagro de Dios no me quitaron la vida porque yo de la desesperación hasta allá a Santa Cruz me fui…Como ella tenía amigas de estudio… ella estudió en Michapa. Mire, yo pasaba por donde estaba el animalero de esos hombres -dice Belén exaltada- y yo sin saber, en la angustia, me fui a meter.”
Santa Cruz Michapa no destaca por nada en especial, quizás esa es su principal particularidad. Es una localidad pequeña, de apenas 14,189 habitantes, según la proyección de población de la Digestyc para 2014 -año en el que desapareció Graciela-. Es una ciudad dormitorio a 35 kilómetros de la capital. Al mediodía de un lunes de febrero, sus calles están vacías, apenas hay movimiento en el parque central. Muchos de sus habitantes viajan unos 45 minutos en autobús diariamente para llegar a trabajar a San Salvador.
El año en que Graciela desapareció hubo 2,090 denuncias de desapariciones en todo el país, según datos de la Policía Nacional Civil obtenidos por Factum a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto es, seis salvadoreños que cada día de ese año salieron de sus casas y no regresaron.
Entre 2010 y 2016 hubo 11,253 denuncias de desapariciones. Poco más de la mitad de esos casos, 5,827, se reportaron entre 2014 y 2016, años marcados por el fin de la tregua entre pandillas y por el recrudecimiento de las respuestas violentas del Estado en las comunidades en que la MS13 y las dos facciones del Barrio 18 ejercen amplio control territorial. Santa Cruz Michapa es uno de esos lugares.
En 2015, Michapa fue catalogado como uno de los 50 municipios más violentos del país: ocupó la posición 41 dentro de la categorización del Plan El Salvador Seguro (PESS).
La mayor parte de su territorio limita al oeste con San Pedro Perulapán, el municipio más violento en 2016, según los registros de Medicina Legal; y al sur con Cojutepeque, la cabecera departamental de Cuscatlán, un lugar también peligroso, donde hace menos de un año se clausuró el penal que alojaba exclusivamente a pandilleros del Barrio 18 facción revolucionarios.
Cojutepeque, Perulapán y Michapa están en los linderos orientales del Gran San Salvador y son el final de una franja vial y habitacional que inicia en Soyapango e Ilopango, los municipios del departamento de San Salvador por los que se sale hacia el oriente del país.
Son, todos, territorios controlados por pandillas. Y los números de desapariciones son solo un reflejo de cómo ese control se traduce en crímenes contra la integridad física y la vida de sus habitantes. Entre 2010 y 2016, en Soyapango desaparecieron 483 personas; en Ilopango, 211; y en Cojutepeque, 224.
En 2014, el año que desaparecieron a Graciela, la hija de Belén, las denuncias por casos similares aumentaron considerablemente en Michapa: se registraron 24. Esto es, una tasa de 169 por cada 100,000 habitantes, una cifra muy superior a la de los municipios vecinos: en Cojutepeque ese año fue de 115, y en San Pedro Perulapán, de 43. Son demasiadas desapariciones para una población tan pequeña.
La cifra, además, puede ser mucho mayor si se tiene en cuenta que hay personas que nunca denuncian por el temor a las amenazas de los pandilleros vecinos, a ser extorsionados para obtener falsos rescates o por los ataques contra otros familiares si llegan a decir algo a las autoridades.
Pero Belén no dijo nada, no señaló a nadie, solo denunció ante la Fiscalía General de la República que su hija ya no regresó a casa después de hablar con ella por teléfono, cuando le dijo que estaba comiendo en Cojutepeque y que esa noche la pasaría en casa de una amiga, Tati.
“El 21 de septiembre de 2014 salió a las 11:30, de ahí yo le llamé porque ella dondequiera que andaba me decía ‘mire, mamá, ando en tal parte’. Eran las 5:00 (p.m.) y me dijo: ‘ando en Cojute, comiendo’. Pero ya a las 6:00 que yo le hablé -Belén hace una pausa e inmediatamente rompe en llanto- ya mi hija no me contestó, le hice cien llamadas y solo al buzón me tiraba.”
Ese día, Graciela, que tenía 21 años, iba acompañada de su amiga Tati, que era menor de edad. Ninguna de las dos ha aparecido.
Los homicidios también aumentaron en 2014 en Santa Cruz Michapa: se encontraron 29 cadáveres en el municipio. De hecho, entre 2006 y 2016, en Michapa se han reportado 148 crímenes. De esa cantidad, el 82 % ha ocurrido en los últimos cuatro años.
En el cantón Michapita vive Gonzalo. Tiene unos 40 años. Varios de sus familiares han muerto por la guerra entre pandillas. Recientemente también han desaparecido a una de sus sobrinas. Gonzalo dice añorar su época de juventud, allá por los años noventa. Recuerda sobre todo la tranquilidad con la que se vivía.
“Es una época que añoramos, nadie de la juventud actual ha tenido el privilegio que tuvimos nosotros en aquel tiempo de ir haciendo visitas a los jóvenes a los cantones. Hacíamos dos visiteos (visitas de la iglesia) por año, y eso era todo sano. Era a principios de los noventa, hacíamos partidos de fútbol entre jóvenes, nos metíamos a todos los rincones sin problemas. Cuando nos reunimos con los compañeros decimos: cómo añoramos esa época, porque ahora, ya de diez años para acá, ya está todo bien sectorizado. Por ejemplo, los de mi cantón (Michapita) no podemos ir al cantón Buenavista ni a Delicias con libertad”.
Gonzalo dice que la desgracia de su pueblo es ser un lugar de paso. ¿Un lugar de paso de qué? La carretera Panamericana divide a Michapa en dos. Cuando se circula por esta vía solo se alcanza a ver una pasarela con un rótulo de Pueblos Vivos que invita a visitar el municipio, además de varios puestos de venta de cocos y miel instalados en la curva que ahí hace la carretera.
A medio camino entre San Pedro Perulapán, que le triplica en población y Cojutepeque, que es el municipio de referencia de la zona, Michapa podría parecer tierra de nadie, pero en realidad está, como muchos otros pueblos del país, en una disputa permanente entre dos bandos, las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Denuncias por personas desaparecidas recibidas por la PNC en 2014
Denuncias por personas desaparecidas recibidas por la PNC en 2015
Denuncias por personas desaparecidas recibidas por la PNC en 2016
“Estamos logrando romper el miedo”
La puerta principal de la alcaldía de Santa Cruz Michapa era un lugar de encuentro de pandilleros y vagos. Fumaban marihuana, se orinaban en la calle y usurpaban la señal del WiFi. El actual alcalde, Andrés Valle, decidido a acabar con estos abusos, instaló unas cámaras de vídeo vigilancia para controlar el acceso y al personal dentro de la municipalidad. La situación ahora ha mejorado, dice, mientras revisa la pantalla con la imagen que retransmiten tres de las cuatro cámaras. Una de ellas está temporalmente inactiva.
Valle es de estatura baja, aspecto sencillo y actitud afable; carga siempre una cangurera con él y dice mantenerse cercano a la población. Cuenta que empezó trabajando como barrendero para la alcaldía en el año 2000, luego fue escalando y se convirtió en encargado de personal; ya en 2012 tuvo el cargo de concejal y tres años después ganó las elecciones como alcalde.
Andrés Valle sabe muy bien lo que significa vivir bajo amenazas, él procede del cantón Las Delicias, núcleo de la pandilla Barrio 18. Ser alcalde no le ha librado de la inseguridad: al igual que cualquier vecino, recorrer las calles de su pueblo es también un peligro para él. Hace poco que el diputado de Cuscatlán por el Partido de Concertación Nacional (PCN), su partido, le regaló un carro para desplazarse de forma segura cuando salía tarde de la alcaldía. Dice que es un carro viejito, pero que nunca lo ha dejado botado.
Este carro es, sin embargo, un privilegio del que la Policía Nacional Civil de Michapa aún no goza. El único vehículo con el que cuenta la policía es prestado por la delegación de Cojutepeque, pero cuando esta lo requiere en Michapa se quedan sin transporte para patrullar o hacer cualquier diligencia. Y parece que así ha sido siempre. Con el Plan El Salvador Seguro esperan que llegue una patrulla para los agentes, dice el alcalde.
Valle comparte una de sus anécdotas, una experiencia que tuvo cuando visitaba la colonia Macarena. Un grupo de jóvenes -nunca dirá que son pandilleros- lo rodearon; iban fuertemente armados.
“A mí hubo un momento que me dijeron: no te queremos ver acá, porque vos sos de un lugar diferente. Fue el año pasado, en el tiempo de una lluvia fuerte que hubo. Yo fui a ayudar a una familia que se le metió la tierra adentro de la casa. (…) Ellos molestos conmigo me dicen: mirá, vos te andas metiendo en cosas que no te deberías de meter. Ya me dijeron que nos mandan a los soldados y a la policía para que nos vengan a maltratar a nosotros. Y yo les dije: mire, un momento, yo soy el representante legal de Santa Cruz Michapa y estoy por ayudar a la gente. En ningún momento voy a mandar a la policía ni la Fuerza Armada para que a ustedes los maltraten. Algo enojados primero, y luego les dije: pero si ustedes no quieren que venga, no vengo, yo vengo por ayudar a la gente. Y me dijeron: Andrés, ya no te queremos ver ahí. Quizás me suspendieron como unos quince días.”
Pero Andrés Valle tiene esperanzas de que las cosas cambien al entrar el municipio en la tercera fase del Plan El Salvador Seguro. Santa Cruz Michapa es el último de los tres municipios de Cuscatlán en incorporarse a este plan, antes fueron San Pedro Perulapán y Cojutepeque.
El edil también le apuesta al plan municipal de prevención implementado con apoyo de USAID, que incluye cinco centros de alcance para jóvenes en riesgo. Dice que han empezado a invertir en la promoción de la música y el deporte, que han logrado realizar encuentros de fútbol intercantonales, algo imposible hasta hace poco tiempo. Asegura que con esta iniciativa los jóvenes se ocupan en actividades sanas y ganan confianza.
“Estamos logrando romper el miedo, porque aquí en Santa Cruz Michapa, cuando eran las 7:30 de la noche, era solo, la gente ya no salía de su casa. Hemos organizado un torneo que seis meses atrás la gente de Delicias no venía acá, la de Ánimas igual. Ya gracias a Dios hemos logrado unir Delicias, Michapa y Ánimas. Queremos superar el miedo, porque los jóvenes no salían; decían: mejor estar encerrados porque salir es muy peligroso.”
Para las personas mayores o no tan jóvenes, como Belén, el miedo con el que viven dentro de su propio municipio no se cura tan rápido. El caso de su hija ha pasado recientemente a la fase de sentencia en los juzgados especializados de San Salvador. Aunque Belén ha desistido de acudir a las sucesivas audiencias por temor a ser identificada. La investigación, apoyada básicamente en la versión de un testigo criteriado, ha avanzado y se espera la fecha para instalar la vista pública, dice el fiscal Ángel Hernández, jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Cojutepeque.
Según la investigación fiscal, hay 14 sospechosos detenidos por este y otros casos. Todos los implicados son miembros de la clica Shadow Park Locos Sureños (SPLS), de la pandilla Barrio 18 sureños.
Como la Fiscalía no tiene un cuerpo como evidencia de la muerte, por el momento el delito en el caso de Graciela es de privación de libertad; pero lo más probable, según la versión del testigo criteriado que maneja el ministerio público, es que los cuerpos de Graciela y Tati fueran desaparecidos después de matarlas y enterrarlas.
Si los jóvenes se pusieran a soñar
Las modernas pero sencillas instalaciones del Centro Municipal para la Prevención de la Violencia de Santa Cruz Michapa fueron inauguradas en julio de 2016 con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La alcaldía puso el terreno y contrató al personal, mientras que la inversión en la construcción, computadoras y otros materiales corrió por cuenta de la cooperación estadounidense.
Este proyecto es parte de la iniciativa de USAID, que invirtió $24.8 millones en los Centros de Alcance como parte del programa “Prevención del crimen y la violencia” que se desarrolla entre 2013 y 2018 en 33 municipios del país. Sin embargo, las cosas han cambiado muy poco por Michapa.
Los empleados del centro han sido amenazados varias veces por ingresar a zonas restringidas para realizar actividades de los centros de alcance o visitas de tipo religioso. Por ese miedo y por haber perdido a otros familiares a causa de esa violencia, se omiten los detalles de las formas cómo los amenazaron, cómo las pandillas les indicaron que era la última vez que les avisaban y que no volvieran de nuevo por esa zona bajo amenazas de dispararles si lo hacían.
El padre Fredys Romero, además de desarrollar su labor de pastor anglicano en el centro, trabaja en la prevención de la violencia y retoma con vehemencia los esfuerzos que se están realizando para lograr que la gente joven no tenga temor de llegar a las actividades comunitarias que se realizan fuera de su cantón.
“No vienen porque tienen miedo, ya se están generando acciones para poder romper todo eso, pero el miedo está, el miedo persiste. Porque ahora hemos entrado con una relativa calma, pero la relativa calma a veces es un poquito dudosa, no se sabe si es calma o si solamente están ellos fraguando algo nuevo”, dice el padre anglicano en relación a la reducción de homicidios durante los primeros meses del presente año.
Una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS) de la Universidad Tecnológica, realizada a petición de USAID, reveló que el principal sueño de los jóvenes en el cantón Rosales, Las Delicias y Buena Vista, así como la colonia Santa Clara, es continuar con sus estudios. El segundo es tener un empleo. La tercera opción no existe como tal: los jóvenes no tienen sueños. En un 5 % de casos, el sueño es emigrar hacia Estados Unidos.
Silvia vive desplazada dentro de su propio pueblo desde octubre pasado. Cuando Silvia vivía en el cantón El Centro, el cabecilla de la clica le “pidió” a su hija de 15 años, pero ella se negó. Luego vinieron las amenazas. Y un último aviso. Tuvieron que huir, dejar atrás la casa, los cultivos y animales que eran su medio de vida. Dentro del mismo municipio, pero en otro barrio cercano, la mujer está alquilando un cuarto pequeño, donde conviven los tres: madre, hija adolescente y el niño, menor de 10 años. Ahora Silvia tiene que hacer labores del hogar en otra casa para mantener a sus hijos.
“Los niños siguen yendo a la escuela, pero tienen temor. Yo casi no salgo, pero los bichos tienen temor porque les habían dicho que no los querían ver en los buses. Cuando yo voy en el bus me voy en el de Tenancingo, en los urbanos no, porque dicen que ahí se suben. Y ya los niños no quieren salir porque están traumados. Salgo yo nada más”, cuenta Silvia con una resignación que apenas se percibe bajo el miedo y el nerviosismo que transmiten sus ojos.
Antes de huir, Silvia recuerda que cerca de su casa encontraron una vez el cadáver de una mujer joven. Dice que hubo un tiempo en que se desaparecieron muchas…
“Por ahí donde vivía, dos personas desaparecieron. Una vez que yo iba para la milpa vi qué llegaba Medicina Legal. Qué raro. Mi hija me dice: madre, ¿adónde está el muerto? No sé, le dije yo. Dicen que por aquí está. Quizás más abajo…Y qué, cerca de la milpa estaba. De aquí – señala una distancia de no más de cinco metros de su milpa al cuerpo semienterrado que encontraron-, allí estaba, era una muchacha bien jovencita.”
Guadalupe pide que busquen una foto de su hijo. Al rato llega un niño de apenas dos años con un retrato enmarcado de un joven con gorra y lentes de sol. Es la foto de su padre, Misael Alexander Díaz Vásquez, desaparecido desde el pasado sábado 5 octubre de 2014 en Santa Cruz Michapa, cuando él solo tenía dos meses de gestación.
Misael tenía 20 años. Su madre, Gloria, cuenta cada detalle del último día que tuvieron noticias de él: que venía de trabajar de Santa Ana, cuántas veces le llamó y la información de la última persona que lo vio, cerca de la parada del bus de la 113 , sobre la carretera Panamericana.
“No soy solo yo, muchas mamás que han perdido a sus hijos, aquí hay varios que se han perdido, bastantes, y no se encuentran. Un muchacho que se perdió a los dos meses de mi hijo… ellos (los padres) también lo buscaron con la autoridad, pasaron como ocho días buscando. A saber qué será de ellos”, dice Gloria mirando hacia el suelo.
Con resignación, esta madre cuenta que denunció el hecho en la Fiscalía de Cojutepeque, pero se cansó de ir y volver con la misma respuesta: “no sabemos nada nuevo, estos casos son de años”. Aunque Misael aseguraba que él no andaba en malos pasos, se reunía con jóvenes del municipio que podrían estar involucrados con las pandillas. Su padre ya le había advertido que no lo hiciera, que era peligroso ir a meterse en otras zonas.
“Él se crio con unos muchachos aquí, que eran vecinos, que se hicieron de eso, se tatuaron. Yo le decía a él: vos no sos nada, pero si andás junto con ellos… como dice el dicho: el que anda entre la miel algo se le pega. Yo lo aconsejaba, pero uno debe enderezar a sus hijos de pequeños, ya cuando están grandes y se han salido del huacal ya no puede. Él trabajaba y todo, ahí ha dejado al niño y la muchacha.”
Según la declaración del testigo criteriado, Graciela, la hija de Belén, era mujer de la pandilla, y los pandilleros temían que pudiera denunciar la muerte de una amiga suya, que los “quemaran”. Decían también que la habían visto hablando con miembros de la MS13, cosas que creen los pandilleros solo por ver a alguien hablar o saludar a otra persona, según dice el fiscal de este caso.
El día que Graciela desapareció junto a Tati fueron engañadas: desde Cojutepeque las llevaron a Michapa en carro. Ya en el municipio se trasladaron a una finca, donde las golpearon, las violaron, las mataron con arma blanca y las desmembraron, dijo el testigo a la fiscalía.
La ropa de las víctimas quedó irreconocible. Aunque Belén acudió a Medicina Legal para realizarse la prueba de ADN, fue en vano, no obtuvo ningún resultado.
Sin un cuerpo, un hallazgo al que aferrarse, la declaración del testigo criteriado es la única certeza del paradero de su hija. Pero al menos es algo. Muchas personas ni siquiera denuncian.
“Mire que a un muchacho de por aquí, hace un año se fue a meter al barrio El Calvario (Cojutepeque) y dice que la pandilla 18 lo agarró y hasta ahorita no saben nada. La familia no dijo nada por miedo. Y bien joven -cuenta Belén. Y a veces por las zonas donde uno vive y no sabe a dónde se va a meter, ahí nomás lo desaparecen a uno.”
* Los nombres de las víctimas en esta historia han sido cambiados por razones de seguridad.
FUENTE: http://revistafactum.com/michapa-tambien-vive-con-miedo/
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